El vicepresidente de la FEMP-CLM y alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page. "que pague a los ayuntamientos lo que les debe desde el mes de junio de este año y no vuelva a las andadas", recordando los 400 millones de euros que "dejó a deber el gobierno socialista hace cuatro años a los municipios de Castilla-La Mancha, ahogándoles económicamente, y que tuvo que pagar después Cospedal".
Borja ha señalado que son "muchos" los ayuntamientos que se están dirigiendo a él, como vicepresidente de la FEMP-CLM, para que desde esta institución se reivindique el papel de los ayuntamientos como administración más cercana prestadora de servicios y se exija a la Administración regional "que pague sus deudas cuanto antes para poder prestarlos con garantías".
En el mismo comunicado, el vicepresidente de la FEMP-CLM ha lamentado que la presidenta de este órgano, Mayte Fernández, lo utilice "de forma partidista" y ha desmentido que esté en peligro, como indicó la socialista, la prestación de servicios sociales por los ayuntamientos a partir del 1 de enero del próximo año.
"El mayor peligro para la prestación de servicios es que el gobierno de Page no nos pague las deudas que contrae con los municipios", ha subrayado el vicepresidente de la FEMP C-LM que ve a la presidenta "más preocupada por criticar el Gobierno nacional que por exigir nuestros derechos a García-Page".
"Como ella debería conocer, la asunción por las autonomías de las competencias sociales que venían prestando los ayuntamientos estaba supeditada a la aprobación del nuevo marco regulatorio del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales" y, por tanto, tal y como se deduce de la propia Ley y ya se ha hecho público y se ha comunicado a la FEMP por el propio Gobierno central a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, estos apartados de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no entrarán de momento en vigor", ha explicado Borja.
De ello se deduce que los servicios sociales que vienen prestando los ayuntamientos "no corren ningún peligro y se seguirán prestando exactamente igual que hasta ahora", señaló.
