La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige tanto a la gerencia del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que deje de hacer la vista gorda ante la precariedad de equipos de protección individual (EPI) que asola a este centro y les apremia a que procedan, inmediatamente, al suministro de unidades suficientes para que sus profesionales del ámbito sanitario puedan hacer frente a la COVID-19 en las condiciones adecuadas.
Tras más de un mes desde el inicio de la crisis del coronavirus, el sindicato expone que la falta de materiales de protección es tal que afecta a todos los turnos de trabajo, lo que obliga a los efectivos del hospital a tener que asistir a los pacientes ingresados con materiales de protección que no cumplen la normativa.
Concretamente, esta precariedad les obliga a reutilizar y esterilizar EPIs de un solo uso y a emplear materiales donados por la ciudadanía que, si bien se han realizado con la mejor intención, no están homologados. Sin ir más lejos, estos días se han hecho virales dos vídeos donde los trabajadores de este hospital muestran cómo tienen que utilizar unas batas que no cumplen los requisitos de impermeabilidad necesarios contra el coronavirus.
La Central Sindical lamenta que la desatención demostrada tanto por la Gerencia de Atención Integrada como por el Gobierno autonómico obligue a estos profesionales del ámbito sanitario a enfrentarse a la COVID-19 en unas condiciones tan deficientes que, a día de hoy, han provocado que el HGUCR cuente ni más ni menos que con 469 trabajadores contagiados o en sospecha de estarlo.
Por tanto, el sindicato insta a estas Administraciones a que tomen cartas en el asunto y proporcionen de una vez EPI suficientes y homologados para todo el personal del hospital. Una exigencia que, además, están en la obligación de cumplir según lo decretado en la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Junto a esto, este sindicato reconoce la heroicidad que están demostrando tanto los profesionales sanitarios como la ciudadanía durante el Estado de Alarma y recuerda que, el pasado 27 de marzo, acudió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para denunciar, precisamente, la sobreexposición al coronavirus a la que se está sometiendo a los empleados públicos del Sescam por no proporcionarles los EPIs adecuados para su protección.
