El Ministerio del Interior impulsa una nueva respuesta policial con carácter permanente de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para luchar contra el robo de cobre en España: el Plan Permanente de Respuesta a las Actividades Ilícitas relacionadas con el Cobre
Su objetivo es prevenir toda actividad ilícita que tenga por objeto la comercialización de cable y otro material de cobre, así como evitar el robo de cobre en establecimientos industriales, almacenes, infraestructuras, servicios públicos y en cualquier instalación que preste servicios esenciales para la comunidad.
Contempla una nueva respuesta policial mediante una actuación coordinada de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar la aparición o consolidación de grupos u organizaciones relacionadas con la apropiación, receptación, comercio o cualquier disposición ilegal de cobre en sus diversas formas.
Para ello, se incrementará la obtención de información por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que conlleve a la producción de inteligencia que permita la mejora de los procesos de planificación y toma de decisiones para impulsar y orientar la actuación policial.
Se intensificarán las medidas de seguridad a través de mecanismos que refuercen el control y seguimiento administrativo de las distintas etapas del ciclo de vida del cobre, desde su proceso de fabricación, comercialización y uso en instalaciones e infraestructuras, hasta el final de su vida útil y su posterior recuperación y reinicio del ciclo.
Mediante esta instrucción, se pretende mejorar la capacidad de respuesta policial en la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos relacionados con el material de cobre, así como la detención y puesta a disposición judicial de sus responsables y la recuperación del material robado. Además, se amplía la coordinación policial en esta material tanto en el marco internacional -a través de Europol, Interpol y, en su caso, Eurojust y otras instituciones de la que España forma parte- como en marco nacional mediante mecanismos que permitan ofrecer una respuesta coordinada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos Policiales autonómicos y de las Corporaciones Locales con competencias en seguridad pública.
Otro de los objetivos es fortalecer la sensibilización y concienciación de las empresas, organismos e instituciones públicas y privadas sobre la transcendencia y repercusión que estas actividades delictivas pueden llegar a causar en el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Además, se fomenta el desarrollo de programas de formación continuada para la cualificación de los agentes policiales encargados de la prevención y persecución de este tipo de actividades esenciales.
Más medidas policiales para prevenir e investigar el robo de cobre
Se establece un censo de industrias, depósitos, redes de distribución, de servicios y otras instalaciones donde se fabrique, procese, utilice o almacene el cobre que es susceptible de ser sustraído. Además, se elaborará un mapa que muestre gráficamente las zonas donde se producen más robos de material de cobre en el que se destacarán aquellas infraestructuras cuya sustracción pueda alterar gravemente la prestación de servicios esenciales para la sociedad.
Establece dispositivos preventivos, con especial atención a la vigilancia de objetivos sensibles al robo de este material, mediante controles periódicos sobre ciertos vehículos susceptibles de ser utilizados para robar y transportar el material de cobre. Además, este mapa identificará los posibles lugares empleados por los delincuentes para la manipulación, almacenaje, ocultación o destino final del cobre robado con especial atención a los pequeños centros ilegales de recogida de chatarra.
Se inspeccionarán los centros de gestión de residuos y los establecimientos de compraventa de metales, con un mayor control de licencias y documentación de estos centros, promoviendo el posible cierre o suspensión de actividades de todos aquellos centros que carezcan de permisos o licencias.
Se supervisarán las operaciones de compraventa de cobre identificando la procedencia, los proveedores y los destinatarios del cobre comercializado en estos establecimientos y proponiendo para una sanción las infracciones administrativas que hayan podido cometerse. Además, se reforzarán los controles preventivos de las unidades policiales de tráfico y circulación de vehículos sobre los transportes por carretera de material de cobre.
En relación con la investigación de estos delitos, se establecerán puntos de contacto permanentes con las principales empresas y organismos que permitan una comunicación fluida y ágil entre éstos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También se impulsará la realización de investigaciones patrimoniales sobre los responsables de estas actividades ilícitas para desarticular las organizaciones criminales que las llevan a cabo así como localizar y facilitar la recuperación del material robado, identificar bienes o derechos de procedencia ilícita susceptibles de decomiso impidiendo la ocultación, transmisión o transformación de los mismos y de las ganancias procedentes de estos delitos. Se pondrá en conocimiento de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera cualquier sospecha de salida por vía terrestre de material de cobre robado o de procedencia ilícita y se activarán los mecanismos de cooperación con las autoridades policiales de los países vecinos con España.
Lucha policial contra el robo de cobre en España
En 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas, recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre sustraído. En el período 2011-2014, se llevaron a cabo un total de 11.442 detenciones, se recuperaron más de 2.600 toneladas de cobre y más de 17.300 kilómetros de hilo de cobre robado.
Por distribución geográfica, las provincias que tienen una mayor incidencia en la demarcación de la Guardia Civil son Valencia, Toledo, Alicante, Madrid, Murcia, Sevilla y Zaragoza mientras que en la demarcación de la Policía Nacional son Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Vizcaya, Las Palmas y Cádiz.
Los lugares habituales de comisión de estos delitos son casas de campo, tendido eléctrico, transformadores, pozos de riego, estaciones, centros de reciclaje, campos eólicos, explotaciones agrícolas y ganaderas, vías públicas, empresas, obras, etc.
