A partir del 4 de enero y hasta el próximo 28, estará abierto en Castilla-La Mancha el procedimiento para acreditar la competencia profesional de los ciudadanos, adquirida mediante experiencia laboral o vías no formales de formación.
Este procedimiento fue aprobado el pasado día 22 de diciembre en el Pleno del Consejo Regional de Formación Profesional y cuenta con el respaldo de los agentes sociales y económicos de la región. Se trata de poner en valor las capacidades y experiencia de personas que, con un mínimo de tres años de experiencia, han venido desarrollando una profesión, a pesar de no haber contado con una titulación adquirida a través de procesos académicos.
En esta primera convocatoria se beneficiarán 750 castellano-manchegos de tres cualificaciones profesionales, dos de ellas relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia -atención socio sanitaria a personas en el domicilio y atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales- y la cualificación de Educación Infantil que está relacionada con la etapa educativa de 0 a 3 años.
No será una convocatoria aislada, sino el inicio de un despliegue para procedimientos que irán creciendo para atender la situación de todos estos colectivos y de nuevas cualificaciones que se irán incorporando.
Para dar cobertura a este procedimiento participarán como personal técnico 90 asesores y 36 evaluadores tanto del sector educativo, como del sector productivo.
Es importante destacar que esta actuación se llevará a cabo necesariamente con la validez, objetividad y rigor técnico para acreditar las cualificaciones, manteniendo así el gran valor que en la actualidad poseen los títulos de Formación Profesional y los certificados de profesionalidad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha es consciente de que en la región son miles las personas que desarrollan su oficio con competencia contrastada. Son trabajadores incluidos en el sector de la población activa que carecen de una titulación oficial adquirida a través de la formación reglada.
Aunque puedan haberse reciclado y aprendido técnicas nuevas, la falta de una titulación que acredite su competencia puede impedir en muchos casos, mejorar sus expectativas laborales, mantener su puesto de trabajo, acceder a procesos de promoción interna, proseguir su formación académica o, en definitiva, demostrar su cualificación profesional.
En el conjunto del Estado, más del 60 por ciento de la población activa no cuenta con una acreditación reconocida de su cualificación profesional. Además, existe un volumen importante de aprendizaje no formal cuya falta de reconocimiento, en especial en colectivos como mujeres, inmigrantes, trabajadores desocupados, puede provocar situaciones de deficiente transición en el mercado laboral con el consiguiente riesgo de exclusión.
En consonancia con los objetivos contemplados en el Pacto por Castilla-La Mancha, el aumento de la cualificación que posibilitara este procedimiento, facilitará la empleabilidad de los ciudadanos, la movilidad y la cohesión social, especialmente de aquellos colectivos que carecen de una cualificación reconocida.
Para el Gobierno regional el reconocimiento a las personas de su competencia profesional es un acto de justicia y equidad y nace para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico basado en el conocimiento, que fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida, mejora las condiciones personales y sociales de los castellano-manchegos y reconoce su talento adquirido a través de la experiencia laboral y de su formación previa.
